La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, reguladora de los servicios de atención a la clientela, reconoce expresamente a las personas de edad avanzada (65 años o más) y personas discapacitadas entre los colectivos que requieren una máxima protección en sus relaciones con las empresas tanto de ámbito público o privado.
Entre éstas empresas figuran los bancos, compañías telefónicas, aseguradoras, empresas energéticas y el resto de empresas que prestan servicios a la ciudadanía, garantizando una atención más accesible, cercana y adaptada a sus necesidades.
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